Seguro que sabes que Alberto II es el Príncipe de Mónaco. Pero lo que quizás no sepas son realmente qué funciones desempeña en materia legislativa, ejecutiva y judicial. Te contamos en este post cuál es el reparto actual de poderes en Mónaco y hasta qué punto manda Alberto II en el devenir del Principado.
Y es que Mónaco tiene como forma de estado, desde 1911, una monarquía constitucional. Alberto II, el mediano de los hijos de Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly, es desde 2005 el jefe de Estado de este Principado, un modelo de gobierno que estuvo muy presente desde el siglo XV hasta el XVIII.
De los tres poderes en los que se divide un estado, en el Principado de Mónaco el poder legislativo se encuentra dividido entre el príncipe y el Consejo Nacional, mientras que el Ejecutivo y el Judicial son competencia del príncipe. No obstante, sus relaciones con Francia en materia de defensa obliga a Mónaco a ejercer sus derechos de soberanía de conformidad con los intereses franceses.
Las atribuciones y poderes del príncipe de Mónaco emanan de la Constitución y de las leyes. Es asesorado por el Consejo de la Corona de Mónaco y como jefe de estado, representa al Principado en las relaciones internacionales. Cualquier revisión de la Constitución debe realizarse mediante acuerdo entre el príncipe y el Consejo Nacional de Mónaco.
Un poder legislativo compartido
En Mónaco, el poder Legislativo se encuentra dividido entre el príncipe y un Parlamento unicameral: el Consejo Nacional. Está compuesto por 24 miembros que son elegidos por sufragio universal, es decir, votación directa y democrática, por un periodo de cinco años. A pesar de que el Consejo Nacional puede actuar con independencia del Príncipe y puede adoptar decisiones contrarias a sus deseos, constitucionalmente se requiere su firma para sancionar las leyes. Además, éste puede disolver el Parlamento en cualquier momento, siempre y cuando convoque nuevas elecciones en los siguientes tres meses.
Reunido al menos dos veces al año, el Consejo Nacional aprueba el presupuesto del país y vota sobre los proyectos de ley propuestos por el Gobierno del Principado.
Otra de sus funciones es debatir las ordenanzas y los decretos. Una vez aprobados, son presentados al príncipe en ochenta días para su firma, lo que los convierte en vigentes. En el caso de que el príncipe se manifestara en contra del contenido de dichas ordenanzas dentro de los diez siguientes a su presentación, éstos se convertirían directamente en no válidos.
El poder ejecutivo y judicial, competencia de Alberto II
El poder Ejecutivo, como ya hemos visto anteriormente, es competencia del príncipe. Este poder está conformado por Alberto II y un pequeño Consejo de Gobierno encabezado por un ministro de Estado o jefe de Gobierno, tradicionalmente funcionario de Francia. Seis miembros componen el Consejo de Gobierno, cuyas funciones son asesorar al príncipe y hacer cumplir las leyes.
El primer ministro o ministro de Estado es el título del jefe de Gobierno de Mónaco, si bien es nombrado y está subordinado al Príncipe de Mónaco. Entre sus funciones se encuentran:
- Dirigir la acción de gobierno y ocuparse de las relaciones internacionales
- Dirigir los servicios ejecutivos
- Estar al mando de la Policía
- Presidir el Consejo de Gobierno.
También el poder judicial se encuentra vinculado al príncipe y está formado por la Corte Suprema de Mónaco, el más alto tribunal de justicia para asuntos judiciales y para presentar apelaciones. Lo forman cinco miembros principales y dos jueces adjuntos o suplentes, todos nombrados por el Príncipe de Mónaco por 4 años, por recomendación del Consejo Nacional de Mónaco y otros órganos gubernamentales. Originado en 1962, fue constituido con la intención de garantizar las libertades fundamentales.
Entre sus funciones destacan:
- juzgar la constitucionalidad de las leyes
- la legalidad de las decisiones administrativas
Los miembros de la Corte Suprema deben tener como mínimo 40 años y son elegidos entre los abogados «especialmente competentes». Generalmente, son abogados franceses, profesores de derecho público, miembros del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación.
Otras atribuciones de Alberto II son el derecho a conceder amnistías y la ciudadanía, así como la de conceder títulos nobiliarios y otras distinciones.
